El Gobierno busca una salida que le permita salir airoso del debate de reforma de la Ley de Morosidad. Una iniciativa de Convergencia i Unió a la que el PSOE se sumó en junio y que podría incluir la imposición de intereses disuasorios que penalicen los pagos de bienes y servicios en plazos superiores a 60 días, que es el tope máximo que establece el proyecto de reforma.
Esta reforma es una de las principales reivindicaciones de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos y que el Gobierno ha venido retrasando. Una estrategia de demora que los nacionalistas catalanes estiman injustificada, por lo que van a solicitar formalmente que no haya más aplazamientos.
La propuesta que fue respaldada por la totalidad de los grupos parlamentarios, reduce los pagos a los proveedores a 30 ó 60 días, como máximo, a imitación de la reforma que entró en vigor en Francia a principios de este año y para aliviar la situación asfixia financiera que sufren los autoempleados y las pymes, agobiados también por las restricciones crediticias de los bancos.
El escollo a esta medida está en la coletilla que ya figura en ley vigente y en la que se afirma que estos plazos se pueden prolongar “por acuerdo expreso entre las partes”. Una matización que se quiere derogar porque, en la práctica, a los pequeños “se les impone esa renuncia a los plazos de cobro” para optar a la adjudicación de los contratos.
Visto en El Economista
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