Parece que tras un año de aplicación de la ley de morosidad, sus efectos en la economía española, son más que discretos. Las administraciones públicas así como las empresas siguen pagando tarde por la falta de liquidez y crédito producidas por la crisis.
Hace un año que la ley de morosidad entró en vigor y las administraciones y empresas españolas siguen pagando sus facuras con un retraso medio que duplica la media europea.
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