Los Ayuntamientos tardan más de ocho meses en pagar a sus proveedores

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Aselip es la Asociacion de Empresas de Limpieza Pública, la patronal de las empresas del sector, que trabajan para más de 3.500 ayuntamientos españoles. Su presidente ha manifestado recientemente que los contratistas están tardando “en torno a los ocho meses y medio” en cobrar. A principios de 2008 dicho plazo estaba en torno a los seis meses, lo que supone un incremento de los plazos de casi el 50%.

Tradicionalmentelas administraciones públicas han sido mal pagadoras en cuestiones relacionadas con la limpieza viaria, conservación y riegos en vías públicas. (vease la Hemeroteca del año 1996)

Pero lo que está ocurriendo ahora tiene tintes históricos, y eso que la Ley de Contratos del Estado establece un máximo de 60 días para pagar.

El aumento de la afecta a todo el territorio español, pero en particular a los municipios de algunas comunidades autónomas, como Andalucía (sobre todo en las provincias de Granada y Cádiz) o Canarias. Hasta el Ayuntamiento de Madrid que hacía gala de buen pagador, está abonando sus facturas a los seis meses. La causa del aumento de la morosidad tiene que ver con la brutal caída de ingresos que han sufrido los municipios españoles tras pincharse la burbuja inmobiliaria.

Hace cuatro años Boletín Oficial del Estado publicó la transposición a la legislación española de la Directiva comunitaria que regula los pagos de las administraciones públicas La norma establece que: (i) la Administración debe pagar en el plazo de los 60 días; y (ii) el interés de demora será en todo caso el que establece la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad.

Pero las empresas no sólo no están cobrando el principal, sino tampoco los intereses, lo que lleva  a una situación de intentar cobrar intereses sobre intereses no pagados.

El endeudamiento de las corporaciones locales (incluyendo ayuntamientos, diputaciones y cabidos) asciende en estos momentos a 24.882 millones de euros, lo que equivale al 2,8% del PIB.

Bien podrían las Administraciones dejar de publicar más planes de activación de la economía a costa de más gasto y simplemente cumplir las leyes que ellos mismos promulgaron pagando a tiempo lo que deben al sector privado.

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