Existe un gran desconocimiento en el mundo empresarial sobre el Concurso de Acreedores y cómo puede afectar a cada empresa. Así, hay una serie de cuestiones básicas que todo empresario debiera conocer en la situación actual:
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Si en el artículo anterior comentaba que la creación de empresas no está en su mejor momento y que la disolución de sociedades está por las nubes, parte se puede entender por el número de efectos de comercio impagados.
El INE también ha publicado hoy los datos sobre los efectos impagados, y siguen repuntando. Crecen y crecen, tanto en número como en importe.
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El INE acaba de publicar los datos relativos a las sociedades mercantiles creadas y disueltas en diciembre y atodo el año 2008. Obviamente, llevamos un año con una tendencia peligrosa en cuanto a empresas creadas (pocas) y empresas disueltas (muchas).
En 2008 se disovieron 16.095 sociedades, un 10,82% menos que en 2007. Este dato, que podría pensarse como bueno, no lo es, ya que sigue siendo un número muy elevado, que supone un 45,38% más de empresas disuletas que en 2006.
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Hace unos días el Consejo Superior de Cámaras de Comercio publico su Índice de Confianza Empresarial (ICE) para el cuarto trimestre de 2008, y como era de esperar el ICE sigue en caída libre, como lo demuestra el siguiente gráfico de la evolución del índice:
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En estos momentos en los que la gran mayoría de los agentes económicos están clamando al cielo la falta de concesión de crédito por parte de las entidades financieras, me surgen dos preguntas: ¿Nos hemos quedado sin agua para financiar? ¿Controlamos de la misma forma dos bienes tan necesarios como el agua y el dinero? Durante todo el artículo, el dinero hará referencia al crédito disponible para su concesión por los Bancos.
Desde un punto de vista un poco más amplio que el estrictamente académico, no es cuestionable ni la necesidad del Agua ni la necesidad del Dinero para la subsistencia humana. Probablemente un análisis profundo sobre esta idea aportaría otros puntos de vista, pero desde un punto de vista global, esta idea nos puede servir para el desarrollo de este artículo.
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SEPA es el acrónimo en inglés de Single Euro Payments Area, es decir, Zona Única de Pagos en Euros. Esta Zona aspira a que dentro de todos los países de la Unión Eurpea cualquier pago en euros que realice tanto una persona particular como una empresa pueda realizarse en las mismas condiciones, con los mismos derechos y las mismas obligaciones independientemente del país de origen y de destino (siempre dentro de la zona SEPA). De una forma más clara, SEPA pretende que una transferencia (por ejemplo) de Madrid a Barcelona conlleve los mismos gastos, tarde lo mismo, etc. que si la transferencia se realiza de Madrid a Berlín.
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EMBARGAR: “Retener, en virtud de mandamiento judicial, un bien que queda sujeto a las resultas de un procedimiento o juicio.” DRAE
El objetivo final del embargo es poder convertir en dinero lo embargado. O conseguir el pago del deudor, motivado por esta acción.
Es frecuente el embargo de bienes o emolumentos que más que solucionar, nos alejan de nuestro objetivo, puesto que, en ocasiones, convertir los bienes embargados en dinero efectivo, no es nada fácil: máquinas invendibles o inservibles, equipos informáticos desactualizados, vehículos obsoletos o ilocalizados, mobiliario deteriorado, porcentajes de salarios que hacen interminable el cobro, etc.
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Hoy ha publicado el INE los datos sobre los concursos de acreedores del último trimestre de 2008 y del año entero, y los datos no pueden ser más claros y contundentes. El tejido empresarial español está sufriendo uno de sus mayores reveses de la historia con más de 2.500 empresas concursadas (exactamente 2.528), lo que supone casi triplicar las cifras de hace un año, cuando sólo eran 880 las empresas que presentaban el concurso de acreedores.
Y si nos centramos en las personas físicas con actividad empresarial las cifras son peores, ya que en 2008 cuadruplica los niveles de 2007 y sextuplica los de 2006.
Si nos fijamos por sectores, los más perjudicados han sido la construcción, la industria, las inmobiliarias y los servicios empresariales, contando con casi el 70% del total. Siendo algo más del 60% pequeñas empresas con una facturación de menos de dos millones de euros.
Si es que todo lo que puede ir mal va peor, y lo más grave es que todo va mal.
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España ha publicado hoy una encuesta sobre el acceso de las Pymes a financiación bancaria (encuesta que puedes descargarte pinchando aquí), revelando unos datos que, sinceramente, no sorprenden mucho, pues todos sabemos de las dificultades que tienen las pequeñas y medianas empresas para conseguir dinero de los bancos.
El informe se ha realizado sobre una muestra 400 pymes sobre el universo de 1.660.000 Pymes (con menos de 250 trabajadores) y los principales resultados de la encuesta son los siguientes:
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Últimamente estoy escuchando a una prestigiosa entidad de crédito anunciar que ha puesto en circulación 4.000 millones de euros en préstamos preconcedidos, que en un principio podría entenderse como un “hola, necesito dinero. Pues aquí lo tienes”, pero nada más lejos de la realidad.
Obviamente, el Banco Santander (que es la entidad que está ofreciendo estos préstamos preconcedidos) no está mintiendo, efectivamente ha concedido préstamos por valor de 4.000 millones con la única condición de pasarse por una oficina y firmarlo. Pero esta es una verdad a medias, que realmente suena muy bien, aunque no lo explican todo.
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Como comentaba en un anterior artículo, Basilea II ha supuesto unos nuevos estándares para la medición del riesgo de las entidades financieras y la provisión de coberturas, con el propósito de cimentar la solidez del sistema financiero mundial.
Pero Basilea II no sólo afecta a bancos y empresas de inversión, si no que también afecta a los prestatarios de éstas, tanto a las empresas como a los particulares. Basilea II establece unos procedimientos (estándares o internos) para calcular el riesgo de crédito, de mercado y operativo, y esto se traduce en procedimientos o sistemas más objetivos y precisos para calificar a los prestarios según sus niveles de riesgo, es decir, que las propias entidades serán una “pseudo agencia de rating” para sus propios prestarios.
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