La regulación por ley de la actividad de recobro de deudas en España es una demanda de los profesionales del sector que pretenden evitar intrusismo de profesionales de la coacción y fomentar el trabajo ético y con resultados.
El recobro de deudas sufre en España un vacío legal que causa sorpresa en paises donde la actividad está perfectamente regulada: Mallory Megan es una profesional que trabaja para un agencia de recobro en Nueva York. Recientemente, ha escrito un post en su blog sobre su visión de las empresas de recobro españolas titulado “Spanish Debt Collection Agency Humiliates Debtors Into Paying Up” o “Empresa de recobro española humilla a los deudores“, donde comenta las técnicas intimidatorias de ciertas empresas de recobro españolas, como realizar llamadas humillantes a toda una lista de invitados de boda para cobrar una deuda a una pareja de recién casados.
En Estados Unidos, las agencias de recobro son muy efectivas a pesar de tener importantes restricciones: la ley protege al deudor de coacciones. En España existen empresas que más que negociar con los morosos se dedican a perseguir con un disfraz y humillar; sin ni siquiera comprobar previamente los motivos del impago, la disponibilidad de recursos o proponer un calendario de pagos.
Mallory, como profesional del sector, califica esas técnicas de recobro como “quirky” (raras, extravagantes) y duda mucho de su efectividad por muy humillantes que sean.
“Cobramos deudas con métodos expeditivos y de forma extrajudicial”. No es un anónimo de la mafia siciliana, aunque pudiera parecerlo. Así se anuncia en su web la empresa madrileña Grucoex SL, una sociedad que se dedica al cobro de impagos con métodos “alternativos y rápidos”, dicen. Su mensaje es blanco y en botella: no hablan de ir a juicio ni de llegar a acuerdos amistosos.En España tiene que existir la misma ley que en la C.E.E. En EEUU y en Europa está prohibido el uso de cobradores disfrazados
La proliferación de abusos derivados de esta actividad saltó al terreno político en septiembre del año pasado. CIU presentó una Proposición No de Ley (PNL) que instaba al Gobierno a elaborar un marco jurídico para las empresas de recuperación de deudas similar al del resto de la UE. En ella se alertaba sobre las “medidas de coacción y extorsión” que imperan en estas agencias. La PNL fue aprobada por unanimidad, pero hasta el momento esa ley no ha llegado.¿Ningún poder en este pais piensa tomar decisiones al respecto?