La Ley de Gresham describe un fenómeno de economía que se da en situaciones en que conviven dos monedas en un mismo sistema: una mala o depreciada y otra buena con valor cierto. La modena buena es atesorada para el ahorro por su valor intrínseco mientras la mala se usa para intercambios comerciales, desplazando a la primera. Tomemos dicha ley como pretexto para observar algunas paradojas que se dan el la economía actual.
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La morosidad que están sufriendo los bancos está en unos niveles que no se veían desde noviembre de 1996. La tasa actual de la morosidad bancaria está en el 4,50%, cuando hace tan sólo dos años era del 0,76%.
Una primera lectura de esta cifra es que los bancos están sufriendo la crisis igual que todos los demás sectores empresariales en España. Pero esta visión está sesgada, ya que una morosidad alta de la banca implica que son las empresas y los particulares los que están teniendo dificultades para poder pagar sus créditos, es decir, son los clientes los que verdaderamente tienen problemas de liquidez.
Si nos fijamos exclusivamente en la morosidad de las empresas y los empresarios individuales que tienen créditos abiertos en entidades de crédito, la morosidad es incluso mayor, un 4,75%. La morosidad empresarial más alta desde diciembre de 1998 (que son los primeros datos donde el Banco de España comprara los créditos concedidos y los créditos dudosos de las empresas).
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La morosidad está claro que está subiendo como la espuma y esta morosidad salpica a todos los sectores. Tanto empresas, grandes y pequeñas, como administraciones públicas y como el sector financiero se están viendo muy afectados por los problemas financieros que sufre toda España.
En otras ocasiones ya hemos comentado la morosidad en términos de efectos de comercio impagados (cheques, pagarés, letras, etc.), que está en máximos históricos. Las empresas (y particulares) dejan de pagar las deudas que tienen con otras empresas, lo cual es malo para ambas partes, puesto que indica que una tiene problemas de liquidez, y la otra los tendrá.
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La versión oficial sobre la situación de bancos y cajas españoles transmite la idea de un sistema financiero fuerte, un regulador riguroso y unas tasas de morosidad relativamente bajas si se comparan con las alcanzadas a principios de los años 90. Tras ese telón oficial existe cierta opacidad que no permite saber con claridad cual es la verdadera situación del sistema financiero español.
Con los estados financieros publicados por los bancos, ocurre igual que con los estudios sobre las reservas mundiales de petróleo: Lo único cierto es que sus datos son falsos. Tras meses de convulsión, el mercado ha asumido como un secreto a voces que los balances de las entidades españolas están maquillados.
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En la última encuesta sobre el acceso de las pymes a financiación ajena, elaborada por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio españolas y correspondiente al mes de marzo, hay dos cifras que me han llamado mucho la atención. La primera es que el 85,5% de las pymes que han solicitado financiación bancaria ha sufrido retrasos en los pagos de sus clientes, y la segunda, y más sorprendente, es que el 84,2% de las pymes ha tenido problemas en los últimos 3 meses para cobrar de las Administraciones Públicas. Los ayuntamientos aglutinan el 56,1% de estos impagos, las comunidades autónomas el 45,6% y el gobierno central el 12,3%. A esto hay que sumar, que el plazo medio de pago de las Administraciones a sus proveedores es superior a 6 meses en el 77,9% de los casos. Repito: el plazo medio de pago de las Administraciones a sus proveedores es superior a 6 meses en el 77,9% de los casos.
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La característica más peculiar de esta crisis en lo referido a las pymes es que a la contracción de la demanda en el mercado se suma la sequía de crédito corriente: aquel que necesita la empresa para seguir funcionando y que financia las operaciones a corto plazo.
En la mayoría de los casos no se trata de créditos para la inversión en bienes de equipo amortizables a muy largo plazo, sino simples pólizas de campaña cuyo plazo de disposición y devolución es inferior a los 12 meses. Sin estas pólizas hay miles de empresas que no pueden funcionar.
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En estos momentos en los que la gran mayoría de los agentes económicos están clamando al cielo la falta de concesión de crédito por parte de las entidades financieras, me surgen dos preguntas: ¿Nos hemos quedado sin agua para financiar? ¿Controlamos de la misma forma dos bienes tan necesarios como el agua y el dinero? Durante todo el artículo, el dinero hará referencia al crédito disponible para su concesión por los Bancos.
Desde un punto de vista un poco más amplio que el estrictamente académico, no es cuestionable ni la necesidad del Agua ni la necesidad del Dinero para la subsistencia humana. Probablemente un análisis profundo sobre esta idea aportaría otros puntos de vista, pero desde un punto de vista global, esta idea nos puede servir para el desarrollo de este artículo.
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El Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España ha publicado hoy una encuesta sobre el acceso de las Pymes a financiación bancaria (encuesta que puedes descargarte pinchando aquí), revelando unos datos que, sinceramente, no sorprenden mucho, pues todos sabemos de las dificultades que tienen las pequeñas y medianas empresas para conseguir dinero de los bancos.
El informe se ha realizado sobre una muestra 400 pymes sobre el universo de 1.660.000 Pymes (con menos de 250 trabajadores) y los principales resultados de la encuesta son los siguientes:
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Últimamente estoy escuchando a una prestigiosa entidad de crédito anunciar que ha puesto en circulación 4.000 millones de euros en préstamos preconcedidos, que en un principio podría entenderse como un “hola, necesito dinero. Pues aquí lo tienes”, pero nada más lejos de la realidad.
Obviamente, el Banco Santander (que es la entidad que está ofreciendo estos préstamos preconcedidos) no está mintiendo, efectivamente ha concedido préstamos por valor de 4.000 millones con la única condición de pasarse por una oficina y firmarlo. Pero esta es una verdad a medias, que realmente suena muy bien, aunque no lo explican todo.
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Como comentaba en un anterior artículo, Basilea II ha supuesto unos nuevos estándares para la medición del riesgo de las entidades financieras y la provisión de coberturas, con el propósito de cimentar la solidez del sistema financiero mundial.
Pero Basilea II no sólo afecta a bancos y empresas de inversión, si no que también afecta a los prestatarios de éstas, tanto a las empresas como a los particulares. Basilea II establece unos procedimientos (estándares o internos) para calcular el riesgo de crédito, de mercado y operativo, y esto se traduce en procedimientos o sistemas más objetivos y precisos para calificar a los prestarios según sus niveles de riesgo, es decir, que las propias entidades serán una “pseudo agencia de rating” para sus propios prestarios.
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La morosidad en España sigue aumentando mes a mes y ya hemos roto la barrera del 3%, que no se rompía desde noviembre de 1997, cuando se situó en el 3,094%. En noviembre de 2008 la morosidad del conjunto de Entidades de Crédito aumentó hasta el 3,184%, con 59.460 millones de créditos dudosos sobre 1.867.472 millones de euros en créditos concedidos a familias y empresas.
El Banco de España, organismo que recoge estos datos, define los créditos dudosos como aquellos créditos que presenten dudas razonables sobre su reembolso total (principal e intereses) en los términos pactados contractualmente, incluyendo también los créditos morosos, que son aquellos que tienen algún importe vencido, bien del principal, bien de los intereses o gastos pactados contractualmente, con más de tres meses de antigüedad.
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Los últimos datos publicados por el Banco de España sobre los créditos concedidos, los créditos dudosos (es decir, que no se saben si se van a recuperar y que son los que se tienen en cuenta para calcular la ratio de morosidad) y los créditos impagados confirman la tendencia alcista de la morosidad en España, que en septiembre se ha situado en el 2,637%, y la tendencia es que siga subiendo.
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