El Gobierno busca una salida que le permita salir airoso del debate de reforma de la Ley de Morosidad. Una iniciativa de Convergencia i Unió a la que el PSOE se sumó en junio y que podría incluir la imposición de intereses disuasorios que penalicen los pagos de bienes y servicios en plazos superiores a 60 días, que es el tope máximo que establece el proyecto de reforma.
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Se sabe que el volumen de créditos hipotecarios concedidos a británicos por entidades españolas es considerable. El sueño de una segunda residencia en las playas españolas estuvo al alcance de la mano para muchos británicos y entidades como la Caja de Ahorros del Mediterráneo creyó encontrar un estupendo nicho de mercado.
En 2007 estalló la burbuja subprime, el gobierno británico nacionalizó el banco Northern Rock y las tasas de morosidad comenzaron a dispararse en toda Europa. Muchos de los compradores británicos de apartamento playero comenzaron a incumplir sus pagos. Pensando quizás que la distancia es el olvido, muchos devolvieron la llaves a la entidad sin querer saber nada más ni del piso ni de la hipoteca.
Los procesos de recobro, tan bien definidos por la banca española, no tienen la misma eficacia sobre los deudores extranjeros como sobre los españoles. La CAM ha tardado en actuar contra esos impagos. Ahora la CAM está enviando cartas a sus morosos en el Reino Unido amenazándoles con el embargo de sus bienes en su pais de residencia.
La morosidad que están sufriendo los bancos está en unos niveles que no se veían desde noviembre de 1996. La tasa actual de la morosidad bancaria está en el 4,50%, cuando hace tan sólo dos años era del 0,76%.
Una primera lectura de esta cifra es que los bancos están sufriendo la crisis igual que todos los demás sectores empresariales en España. Pero esta visión está sesgada, ya que una morosidad alta de la banca implica que son las empresas y los particulares los que están teniendo dificultades para poder pagar sus créditos, es decir, son los clientes los que verdaderamente tienen problemas de liquidez.
Si nos fijamos exclusivamente en la morosidad de las empresas y los empresarios individuales que tienen créditos abiertos en entidades de crédito, la morosidad es incluso mayor, un 4,75%. La morosidad empresarial más alta desde diciembre de 1998 (que son los primeros datos donde el Banco de España comprara los créditos concedidos y los créditos dudosos de las empresas).
El secretario general de CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, Alejandro Couceiro, acompañado por el vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca, Fernando Borrachero y el director general de Intrum Justitia, Luis Salvaterra, ha presentado hoy la “Guía práctica de gestión de crédito”, con el objetivo de ampliar los conocimientos de los empresarios sobre este tema, y contribuir a reforzar la capacidad de actuación de las empresas ante situaciones como las actuales.
Durante la presentación de esta guía, el secretario general de CEIM, Alejandro Couceiro, aseguró que “la crisis ha demostrado que las empresas y, especialmente, las pymes se están viendo muy afectadas por las pérdidas derivadas de impagos”.
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio ha publicado estos días un informe llamado Propuestas ante la Crisis, donde abordan los principales problemas que está sufriendo España en estos momentos y, además, dan su experta opinión sobre cómo resolverlos o, al menos, como atacar esos problemas para intentar eliminarlos lo antes posible.
Los doce puntos que destacan en el informe son:
El número de efectos de comercio impagados de abril confirma la tendencia a la baja en los impagados de las ventas aplazadas de los consumidores, lo que es un buen dato.
En abril vencieron 9.244.339 de efectos de comercio y se dejaron de pagar 480.065, es decir, un 5,2% lo que supone siete décima menos que en marzo, donde la morosidad era del 5,9%, y una décima menos que hace 12 meses.
Pere J. Brachfield, Director del Centro de Estudios de Morosología de EAE Business School y Asesor de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
En la actualidad se han extendido unos nefastos hábitos de pago que suponen un riesgo importante para las empresas proveedoras de bienes y servicios. En el último año se ha producido un colosal deterioro de las prácticas de pago puesto que el mencionado estudio revela que en el año 2009, el plazo medio en el pago de facturas en España ha pasado a ser de 124 días, lo que supone más del doble de la media Europea.
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El Banco de España, en su último Boletín Económico, ha publicado una encuesta sobre el acceso a financiación para empresas no financieras, encuesta que puedes descargarte pinchando aquí.
Son muchas las conclusiones de este informe, si bien, no son excesivamente sorprendentes debido principalmente a que ya “estamos curados de espantos”. El único dato que sí que me llama la atención ha sido una de las causas por las que las empresas españolas han tenido que buscar financiación extra.
Proteger la empresa de posibles deudas incobrables y la morosidad implica la comprobación sistemática de los límites de riesgo de cada cliente activo. Es fundamental hacer un riguroso control del crédito y tener actualizadas las referencias de información de los clientes. Confiar en que un cliente nunca ha tenido retrasos en pago es el primer paso para tener problemas.
Si bien muchas empresas son muy cuidadosas en la realización de controles de riesgo de crédito a nuevos clientes, es importante comprobar que dicha información esté actualizada. En el clima actual, los clientes pueden cambiar rápidamente de nivel de solvencia, por lo que nunca como ahora ha sido tan importante validar de forma continua todos los datos sobre los clientes activos.
La morosidad está claro que está subiendo como la espuma y esta morosidad salpica a todos los sectores. Tanto empresas, grandes y pequeñas, como administraciones públicas y como el sector financiero se están viendo muy afectados por los problemas financieros que sufre toda España.
En otras ocasiones ya hemos comentado la morosidad en términos de efectos de comercio impagados (cheques, pagarés, letras, etc.), que está en máximos históricos. Las empresas (y particulares) dejan de pagar las deudas que tienen con otras empresas, lo cual es malo para ambas partes, puesto que indica que una tiene problemas de liquidez, y la otra los tendrá.
Axesor, lanza el Servicio de Vigilancia Investigada Activada, para que las empresas puedan controlar, en tiempo real, el riesgo de morosidad de su cartera de clientes y otros colaboradores clave.
Con la actual coyuntura económica del mercado, una empresa puede, en cualquier momento, perder el pulso al riesgo de impago en el que está incurriendo: “el error más frecuente consiste en que únicamente se comprueba el nivel de riesgo de los clientes potenciales en el momento incorporarlos a la cartera, o que pase como mínimo un año, en el mejor de los casos, hasta que se vuelve a verificar su situación”.
El Servicio de Vigilancia Investigada Activada ayudará a las empresas a realizar este seguimiento de manera sistemática y fiable. Se trata de un servicio de alerta permanente que informa inmediatamente de cualquier novedad que se produzca en la situación de la sociedad analizada y que pueda afectar a su nivel de solvencia.
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La Plataforma reúne a más de 783.000 empresas, pymes y autónomos de toda España y su objetivo es la modificación de la actual Ley Anti-Morosidad 3/2004, que se ha demostrado totalmente ineficiente para acabar con esta práctica ilegal y que comporta el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.
La Plataforma Antimorosidad, constituida el pasado mes de enero, está formada por numerosas patronales sectoriales, entre las que destacan: ADEGI, ADIME, AFEB, AFME, ANDIMAC, AMASCAL, AUTCAT, CECOT, CEPCO, CONAIF, FACEL, FENIE, FERCA, HISPALYT, PIMEC y UPM.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha nombrado como asesor externo a Pere J. Brachfield, experto en la lucha contra la morosidad y director del Centro de Estudios de Morosología de EAE Business School.
Brachfield colaborará con la Plataforma, entre otros aspectos, en el desarrollo de un documento en el que se recojan las modificaciones legales necesarias para la protección del conjunto de pymes españolas ante la creciente morosidad y en el análisis de otras legislaciones europeas en la materia.
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