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Tal y como está el patio, era de esperar que la creación de empresas siguiera su caída libre. Los últimos datos publicados (correspondientes al mes de enero) revelan que se están creando casi la mitad de empresas que hace un año. Mientras que en enero de 2008 se crearon 11.719 empresas, este enero pasado sólo se crearon 6.479 empresas. Una reducción del 44,7%.

El número de empresas disueltas también se ha reducido, pero sólo un 4,7%, lo que supone que 2.367 empresas han cerrado en enero y de éstas 2.064 empresas de manera voluntaria (casi el 90%). Y esa voluntariedad no creo yo que haya sido “por que se han cansado de trabajar”, si no que más bien se habrán visto abocados al cierre debido a esta crisis tan importante en la que estamos inmersos y en la que no ha indicios de salir en breve.

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El Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España ha publicado hoy una encuesta sobre el acceso de las Pymes a financiación bancaria (encuesta que puedes descargarte pinchando aquí), revelando unos datos que, sinceramente, no sorprenden mucho, pues todos sabemos de las dificultades que tienen las pequeñas y medianas empresas para conseguir dinero de los bancos.
El informe se ha realizado sobre una muestra 400 pymes sobre el universo de 1.660.000 Pymes (con menos de 250 trabajadores) y los principales resultados de la encuesta son los siguientes:

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Últimamente estoy escuchando a una prestigiosa entidad de crédito anunciar que ha puesto en circulación 4.000 millones de euros en préstamos preconcedidos, que en un principio podría entenderse como un “hola, necesito dinero. Pues aquí lo tienes”, pero nada más lejos de la realidad.

Obviamente, el Banco Santander (que es la entidad que está ofreciendo estos préstamos preconcedidos) no está mintiendo, efectivamente ha concedido préstamos por valor de 4.000 millones con la única condición de pasarse por una oficina y firmarlo. Pero esta es una verdad a medias, que realmente suena muy bien, aunque no lo explican todo.

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Como nos temíamos hace sólo unos días (veáse el artículo anterior) Standard & Poor’s (S&P) estaba sopesando bajar la calificación crediticia de la deuda española. Y así ha sido. S&P nos ha bajado de AAA a AA+, algo así como bajarnos de Matrícula de Honor a sobresaliente alto.

Visto así, no parece tener mucha importancia, y desde el punto de vista de la gente que tenga Deuda del Estado o que tenga pensado comprarla tampoco la tiene. Es decir, para inversores con poca (o ninguna) experiencia que simplemente busquen un lugar seguro donde invertir su dinero, las Letras del Tesoro y los Bonos y Obligaciones del Estado siguen siendo unos activos seguros, muy seguros.

El problema viene por parte de los inversores internacionales e institucionales (grandes inversores, estados extranjeros, bancos, etc.), que ya no verán la deuda española con los mismos ojos. Evidentemente, nuestros bonos se pagarán a vencimiento igual que se pagarán los bonos de Alemania, Noruega o Dinamarca, todos ellos triple A. Pero dados a elegir, ¿no será mejor elegir un bono que te dá una seguridad del 99,99% frente a uno que da el 95%? Por tanto, aquellos inversores que tengan acceso a bonos de calificación AAA, se decantarán por estos bonos, aunque en la práctica se vayan a cobrar igual que un bono AA+.

Las implicaciones reales que tendrá esta bajada será menos inversión extranjera, lo que se traduce en menos recursos para España, lo cual dificultará un poco más la recuperación económica y financiera de España. 

Pero (repito) si tiene invertido dinero en Deuda del Estado o tenía pensado invertir, no se preocupe, puede seguir haciéndolo sin preocuparse.

Hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) las cifras de los efectos de comercio impagados del mes de noviembre, y siguen la misma línea de los meses anteriores, es decir, un alto número de impagos y un alto importe de impagos. Aunque los datos son un poco más bajos que los del mes anterior, suponen un 37,5% más de efectos impagados y un 79,2% más en importe que los datos de noviembre de 2007. El importe medio de los efectos impagados sigue siendo superior a 3.000 euros, en concreto 3.317 euros.
Como vemos, muchas de nuestras empresas siguen sin pagar, lo que supone que otras muchas empresas siguen sin cobrar.

El tipo de interés de demora en operaciones comerciales, es decir, el tipo de interés que se aplicará en caso de incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pago, ha bajado sensiblemente hasta niveles similares a 2006.

El tipo de interés de demora en operaciones comerciales se calcula sumando siete puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo en la última operación principal de financiación subastada antes del semestre natural en el que se aplique, es decir, en este caso la última subasta de 2008, correspondiente al 30 de diciembre. El tipo de tipo de interés de demora se calcula semestralmente y será de aplicación durante el semestre natural siguiente a su fijación.

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Ya hemos comentado en posts anteriores qué son las agencias de calificación o agencias de rating, sus características y sus errores más recientes. Ahora la principal agencia de rating del mundo, Standard & Poor’s, está revisando a la baja la calificación de la Deuda Española. Hasta ahora, S&P calificaba la Deuda Española con AAA, la máxima calificación, que denota una seguridad absoluta, es decir, lo más próximo a riesgo cero. Pero dada la situación económica que está viviendo España y dados los riesgos que está asumiendo el Gobierno de España, la agencia de rating está revisando a la baja dicha calificación. Así mismo, también está sopensando la posibilidad de rebajar la calificación de las emisiones de deuda pública emitidas por el País Vasco y por Navarra.

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Max Weber, en su famosa obra “La Ética Protestante y El Espíritu del Capitalismo“, cita en numerosas ocasiones a Benjamin Franklin (1706-1790), como teórico moralista del espíritu emprendedor norteamericano y su fuerte sentido puritano en la vida y los negocios.

Los principios de Franklin han sido criticados -sobre todo en Europa- por utilitaristas: Predicaba una rectitud moral en los negocios en tanto convenía para conseguir un fin: el enriquecimiento.

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Aselip es la Asociacion de Empresas de Limpieza Pública, la patronal de las empresas del sector, que trabajan para más de 3.500 ayuntamientos españoles. Su presidente ha manifestado recientemente que los contratistas están tardando “en torno a los ocho meses y medio” en cobrar. A principios de 2008 dicho plazo estaba en torno a los seis meses, lo que supone un incremento de los plazos de casi el 50%.

Tradicionalmentelas administraciones públicas han sido mal pagadoras en cuestiones relacionadas con la limpieza viaria, conservación y riegos en vías públicas. (vease la Hemeroteca del año 1996)

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El pasado mes de noviembre comentamos la publicación en el BOE del Real Decreto que acababa con la edición en papel del Boletón Oficial del Registro Mercantil.

Dicho Real Decreto ha entrado en vigor el pasado 1 de Enero de 2009. Para las empresas dedicadas a la recopilación y tratamiento de información de sociedades, el BORME es una fuente esencial de información. Por ello, este cambio tiene un impacto muy importante en la forma que se trata la información. A partir de ahora el BORME sólo será accesible a través de Internet, lo cual facitilará su tratamiento.

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Hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) las cifras de los efectos de comercio impagados del mes de octubre, y como se esperaba siguen en aumento. El número de efectos impagados sigue subiendo al mismo ritmo que los últimos meses, pero lo más llamativo es el importe de los mismos, que ha superado con creces los dos mil millones hasta superar los 2.300 millones de euros, lo que supone una media de 3.464 euros por efecto, que se dice pronto.
Cada vez más efectos son impagados y cada vez el importe de los mismos es mayor, lo que supone que cada vez más las empresas dejan de cobrar más dinero.

Estamos todos expectantes ante la resolución que tome el Tribunal Supremo la semana que viene sobre un par de aspectos de la Ley Concursal que han presentado la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, que de prosperar supondrá de nuevo un claro y grave perjuicio contra las Pymes que quieran cobrar los créditos deudores de las empresas que presenten concurso de acreedores, que pueden verse relegados a las últimas posiciones en caso de liquidación de la empresa acreedora.

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